Es conocido que en muchas sociedades de la antigüedad existían senderos no accesibles a la plebe, que estaban reservados para facilitar el tránsito de la nobleza o los reyes. Eran los llamados “caminos reales”. Se cuenta que, cuando el rey egipcio Ptolomeo I, ansioso por dominar las bases de la geometría sin tener que someterse al estudio arduo y pausado de sus principios, solicitó al gran geómetra de su época, Euclides, que le diera una explicación sencilla y expedita de la disciplina, este le respondió: “Lo siento, alteza, pero no hay caminos reales para la Geometría”.
La pandemia de COVID-19 ha producido cambios profundos en las costumbres y prácticas cotidianas en la mayoría de los países del planeta. Tales modificaciones, cuyo alcance y forma “final” son hoy motivo de controversias, ansiedad e incertidumbre, ha alcanzado a la esfera de la producción científica. Una acelerada carrera en la búsqueda de soluciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas comenzó desde que irrumpió la epidemia en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019. Tanto en el diseño como en la implementación de las estrategias asociadas a cada una de estas tres esferas, en medio del apremio por hallar soluciones, se han venido sucediendo en muy corto plazo falacias y certezas, fracasos y progresos.
En este contexto resulta útil detenernos en lo que se ha convertido en el mayor escándalo científico asociado a la pandemia producida por la COVID-19: se trata de lo acaecido en torno a la hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico que había producido enormes esperanzas y no pocos recelos.
Las expectativas favorables fueron alimentadas cuando el 17 de marzo de 2020 el grupo de infectología del hospital de Marsella publicó una información que daba cuenta de una significativa reducción en la detección del virus en las vías respiratorias de pacientes tratados con ese fármaco. Sin embargo, se trataba de un “preprint” (manuscrito no revisado por pares), lo cual le restaba credibilidad. En condiciones normales, dicha revisión puede suponer semanas y hasta meses, como sabe todo investigador que aspire a publicar en revistas de alta visibilidad.
El artículo en cuestión dio lugar a intensos debates durante algunas semanas y fue seguido por varios estudios serios, muchos de los cuales no habían hallado utilidad del fármaco, ni como recurso terapéutico ni como instrumento preventivo, devaluando así los buenos augurios.
Discrepancias de esta naturaleza, en condiciones normales, son naturales y esperables: la verdad científica suele abrirse paso en medio de controversias que discurren mientras se acopian evidencias de uno u otro signo, o hasta que algún estudio muy poderoso deje zanjado el debate, al menos por un tiempo. En ese contexto, la hidroxicloroquina pasó a ser el recurso terapéutico más politizado de la pandemia cuando fue elogiado por Donald Trump y Jair Bolsonaro, quienes atribuyeron su magnífico estado de salud al hecho de haberlo consumido, a la vez que lo exaltaron -como si ellos fueran grandes autoridades científicas- como la solución de la crisis sanitaria. Con el paso de los días, Estados Unidos y Brasil fueron sumiéndose en una vorágine mortal producida por la COVID, para desconsuelo de sus respectivos presidentes.
En medio de esas turbulencias, las presuntas bondades de la hidroxicloroquina se vinieron abajo a raíz de un trabajo difundido el 22 de mayo por la prestigiosa revista británica The Lancet, conceptuada por muchos como la más encumbrada del mundo sanitario. Pero la revista no es un ente enteramente autónomo: es una publicación dependiente del grupo oligopólico Elsevier con casa matriz radicada en Ámsterdam. Se trata de la mayor editorial del mundo en materia de salud, la cual ejerce control sobre dos mil 500 revistas científicas e impone abusivas condiciones a universidades y centros de investigación para que puedan acceder mediante suscripciones al casi medio millón de artículos allí publicados.
El estudio parecía demoledor, por estar basado en una muestra descomunal de 96 mil pacientes ingresados en 671 hospitales de seis continentes. Por su conducto se habría demostrado que el empleo de la hidroxicloroquina entrañaba un incremento de 30 por ciento en la probabilidad de muerte de los pacientes tratados con el fármaco. El artículo estaba firmado por tres destacados investigadores (de la Universidad de Utah, del Hospital Brigham de Mujeres de Boston y del Hospital Universitario de Zúrich) y por Sapan Desai, director ejecutivo de Surgisphere, la empresa norteamericana que había aportado los datos de las decenas de miles de pacientes incluidos en el ensayo.
Solo 48 horas después, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), invocando este macabro resultado, comunica no solo que la organización elimina la sugerencia previa de usar el fármaco, sino que suspendería el ensayo clínico que estaba llevando a cabo para evaluarlo. De inmediato, varios países, atentos a las sugerencias de la OMS, prohibieron el desarrollo de estudios de ese tipo aduciendo obvias razones éticas.
Pero la publicación era otro “preprint”; es decir, un artículo que vio la luz sin haberse sometido al control de calidad universalmente exigido. De modo que produjo recelos, los cuales se vieron incrementados, en especial a partir del examen de los datos en que se basaba, proveídos por Surgisphere. Las suspicacias se multiplicaron vertiginosamente a medida que los científicos profundizaban en el análisis del texto y fueron hallando numerosas inconsistencias. Muy en particular, consideraban virtualmente imposible que en tan breve plazo se hubiera podido acopiar información sobre 96 mil pacientes teniendo en cuenta las barreras impuestas por la protección de datos y el desafío técnico que suponía dicho acopio.
El 28 de mayo, a solo seis días de su publicación, el trabajo recibe la primera de las estocadas mortales: se da a conocer una carta abierta, firmada por más de cien prestigiosos científicos, cuestionando el trabajo. El penúltimo clavo del ataúd para el famoso artículo lo pusieron cinco hospitales de Australia que desmintieron haber entregado dato alguno a Surgisphere, empresa que, además, afirmaron desconocer en absoluto. Y el último clavo fue la solicitud de los tres autores ajenos a la empresa para que el estudio fuera retirado de la revista y dejara de ser considerado válido. En dos palabras y sin eufemismos: estábamos ante un fraude, cuyos entresijos aún están por esclarecerse.
La OMS reconoció enseguida la invalidez del estudio, pidió disculpas por haberse precipitado en su actuación y anunció que reactivaba el ensayo clínico que había detenido. A día de hoy, el debate científico sobre el fármaco sigue vigente.
El lancetgate, como ha dado en llamarse a esta escandalosa historia, deja a dos notables protagonistas en mal lugar: The Lancet y la Organización Mundial de la Salud. Será difícil olvidar ese doble bochorno que deja varias moralejas.
En el caso de la revista, quizás lo más notable es que ha puesto de manifiesto la endeblez de los mecanismos de revisión por pares de las revistas, incluidas las más prominentes y, por ende, la imperiosa necesidad de reconstruir el sistema valorativo de los aportes científicos. Acaso sea esta reconstrucción uno de los dividendos positivos que podría dejar la traumática irrupción de la COVID-19 en el mundo.
La industria de la publicación científica ha devenido en un fenómeno comercial insólito: no existe otro negocio en el cual los futuros consumidores (los investigadores) envíen gratuitamente, o incluso pagando para conseguir la publicación, la materia prima a los vendedores (las revistas, que hacen poco más que aportar su “marca”).
El negocio no puede ser más redituable, dado que los propios consumidores se ocupan de realizar el control de calidad (actuando como revisores) sin recibir retribución alguna y, por último, tienen que pagar a los vendedores (mediante suscripciones) para poder acceder al resultado que ellos mismos han generado mediante investigaciones que, en gran medida, han sido financiadas con fondos públicos. Tan inaudito estado de cosas no puede sino dar lugar a burdas distorsiones. Si en aras de acelerar esos procesos se omite además el control de calidad, el caos hace metástasis.
La OMS se ha visto en una situación compleja desde el surgimiento de la emergencia sanitaria: imposibilitada de comandar las acciones a nivel global debido a su naturaleza asesora y, apremiada por la gravedad de la situación, así como por la velocidad de los acontecimientos, ha sido inconsistente en varios rubros. Así ocurrió, por ejemplo, en relación con la recomendación de no usar mascarillas, poco después revertida, o a la hora de evaluar el controvertido modelo sueco de actuación, inicialmente elogiado por la organización mundial y posteriormente criticado a la luz de sus pésimos resultados. Sin embargo, por las razones apuntadas no se le puede pedir infalibilidad o fiabilidad absoluta. La propia capacidad de rectificación, incluso, obra a su favor.
Pero en el caso de la hidroxicloroquina, la situación fue muy diferente. En ese aspecto, la falta de rigor de la OMS ha quedado al desnudo y a todas luces actuó como un vasallo sumiso de The Lancet. Y tal vergonzosa realidad ha puesto sobre el tapete la necesidad imperiosa de que ajuste o rediseñe sus mecanismos internos para la generación de juicios y, a la postre, de recomendaciones.
Si bien es lógico que, en condiciones de crisis global, los científicos se den prisa en el hallazgo de soluciones, creer que se pueden acortar los plazos arbitrariamente, o conducirnos bajo la convicción de que ello es posible, solo puede producir embrollos. Y depositar una confianza incondicional en revistas presuntamente infalibles, solo puede incrementarlos.
Cualquier campesino cubano sabe que, por muy ávidos que estemos de degustar un puerco asado, el tiempo de cocción no puede ser voluntaristamente acortado, y que el proceso para cocinarlo no puede subvertir demandas prácticas ancestralmente conocidas. Dicho de otro modo, para nuestro caso: no hay caminos reales para generar conocimientos clínico-epidemiológicos.
(Tomado de Medium.com)
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