Un crimen preconcebido

Por: Juan Andrés Cué y Bada

El asesinato oficial de los ocho jóvenes estudiantes del primer año de Medicina de la Universidad de La Habana, el 27 de Noviembre de 1871, no debe aparecer aislado del proceso sangriento de nuestra lucha por la independencia, ni como un hecho fortuito que se produce por una flor que Alonso Álvarez de la Campa tomó del jardín del cementerio, el juego de otros estudiantes con el carro de trasladar los cadáveres, ni la supuesta profanación de la tumba de Castañón que, según se ha venido haciendo aparecer, provocó el frenesí de los miembros del cuerpo de voluntarios de La Habana. Las razones que movieron a los autores del incalificable crimen eran anteriores a los sucesos que tuvieron lugar en el cementerio el 23 de noviembre.

Estos jóvenes mártires no eran revolucionarios en el sentido de una militancia activa a favor de nuestra independencia, pero no podemos juzgarlos por la actitud de ellos ante el poder colonial de España, sino por la actitud de ese poder colonial contra sectores bien definidos de nuestra sociedad que le eran adversos completamente y en los que se encontraban ubicados los estudiantes de la enseñanza media y superior. Este tipo de enseñanza estaba limitada a zonas muy restringidas de la sociedad cubana de aquella época, principalmente a hijos de terratenientes, comerciantes y altos funcionarios de la administración colonial.

La década inmediatamente anterior a la guerra del 68 ha sido considerada como la Edad de Oro de la enseñanza en Cuba, dentro del marco limitadísimo de la colonia. Existían algunos colegios privados de indudable tendencia progresista que impartían una enseñanza matizada de liberalismo y de carácter laicizante en los que aparecían como profesores: Cirilo Villaverde, Raimundo Cabrera, José Joaquín Palma, Antonio Zambrana, Juan Clemente Zenea, José Silverio Jorrín, Rafael María Mendive, etc.

Este florecimiento de la enseñanza privada no controlada por la iglesia, fue calificada de “semillero de insurrectos”, apenas comenzada la Guerra de los Diez Años, por personajes de alta significación en el gobierno colonial de la Isla, y este calificativo puede estar justificado por el hecho de que “no hay nombre de intelectual, profesional, literato, etc.… vinculado al mejoramiento social, político y económico de la colonia que no estuviera también vinculado a esa enseñanza”.

En esta década, en 1863, se habían establecido los Institutos de Segunda Enseñanza en Santiago de Cuba, Camagüey, Matanzas y La Habana.

Sobre el Instituto de Santiago es bueno aclarar que su director, Don Manuel Ramón Fernández, era el presidente del Comité Revolucionario en esta ciudad durante el periodo preparatorio de la guerra de los Diez Años, y en el de Camagüey era profesor Cristóbal Mendoza, que fue Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Céspedes y murió fusilado por los españoles en diciembre de 1870. Ponemos sólo estos ejemplos por lo limitado del espacio de que disponemos.

Al producirse la revolución de Yara estos colegios e Institutos fueron abatidos por la furia de los integristas españoles. En 1868 fue clausurado el Instituto de Camagüey y en 1871 los de Santiago y Matanzas y los colegios privados, quedando sólo el Instituto de La Habana, servido por personal absolutamente integrado al régimen colonial.

En septiembre de 1871 se dictó el decreto disponiéndose: “Queda en suspenso toda autorización concedida hasta la fecha para ejercer la segunda enseñanza…”[1] y “El clero se ocupará en lo sucesivo de la enseñanza Moral”[2], que era la única que se permitía desde entonces.

Este decreto obedecía a la propuesta del Secretario del Gobierno Superior, Don Ramón María de Araiztegui, que entre las reformas que él consideraba necesario introducir en la enseñanza, estaba: “reducir el plan de estudios a una sola asignatura: Religión, para que en lo sucesivo ese elemento social correspondiera a los fines de moralizar y españolizar en cuanto fuera posible a las generaciones venideras, asegurando la dominación de España en la Antillas”. [3]

En octubre de 1871 el Diario de la Marina publicaba el decreto que suprimía el Instituto de Santiago, añadiendo: “Se comprende que la clausura definitiva de este establecimiento era necesaria […] por los pésimos resultados que se han cosechado de él  en cuanto a la difusión de las perniciosas ideas de insurrección”.[4]

Este periódico ya había abogado por la supresión  del Instituto de Santiago, acusándolo de nidal de insurrectos.

Valmaseda, Capitán General de la Isla, escribía a López de Ayala, Ministro de Ultramar, en 1871, antes del fusilamiento de los estudiantes: “Rara era la escuela o el instituto donde había un mapa de España; en cambio se aprendía la teoría separatista y la geografía de la repúblicas vecinas y parece que exprofeso se estaba preparando el aborto que dio de sí la revolución”. [5]

En cuanto a la Universidad de La Habana nada expresa más claramente la actitud de las autoridades españolas respecto a sus estudiantes que la carta dirigida por Ramón López de Ayala, Capitán de Voluntarios que dirigió el pelotón que asesinó a los estudiantes, a su hermano el Ministro de Ultramar, en la que dice:

“La Universidad de La Habana nunca ha sido más que un criadero de víboras, eternamente dispuestas a revolcarse contra sus mismos padres. En la Universidad de La Habana se presentó hace ya años, como plano topográfico de la Península el bosquejo de un burro. En la Universidad de La Habana se han proferido, y corre la tradición estudiantil, máximas, no ya depresivas sino repugnantes y groseras para quien las profiere, contra la nación española. Aquí podría citarse un célebre soneto, compendio de los más asquerosos insultos contra Durán y Cuervo, siendo rector de ella, nada más porque no abjuró de sus sentimientos españoles. En la Universidad de La Habana se acribilló a puñaladas y se hizo pedazos, antes de Lersundi o en su mismo tiempo, el retrato de Isabel II, no por ser Isabel II, de cuya suerte se muestran hoy muy complacidos todos estos miserables canallas, sino porque representaba a España. En la Universidad se han provocado motines en forma y colectivamente contra la asignatura Historia de España, cuyas cátedras tienen ellos la gloria de mirar constantemente desiertas. De la Universidad salieron para los campos las primeras expediciones de jóvenes habaneros, los que de la noche a la mañana desaparecieron de sus casas, donde solo quedaban como memoria groseros escritos, que eran otros tantos sarcasmos contra sus familias. Últimamente de la Universidad han salido ya formados todos o casi todos los cabecillas que hoy habitan las maniguas y roban y matan sin ley ni conciencia. Y ahora digo yo, si este plantel de víboras se pone a nuestros pies por medio de atentados tan escandalosos como el cometido en el cementerio a la luz del sol, ¡debemos o no debemos de aplastarlo!”. [6]

Al leer el relato de los sucesos que culminaron con el doloroso sacrificio de las ocho jóvenes cubanos, nos damos cuenta de que no fueron debidos a una explosión pasajera del furor irresponsable de los voluntarios, sino que detrás de éstos estaba oculto el malvado designio de producir un escarmiento. El gobernador político López Roberts parece haber obrado bajo un plan preconcebido: era la oportunidad de descargar contra la Universidad y el estudiantado cubano un criminal zarpazo. La trama se preparó cuidadosamente, de manera que no hubo nada capaz de impedir su desenvolvimiento.

La entrevista del segundo cabo Romualdo Crespo con los directores de los periódicos políticos, a los que llamó a su despacho, lo [Sic] hizo siguiendo un plan ya estudiado.

El manifiesto de la prensa y el del Casino Español, después de haber sido comprobado por ellos que no había existido ninguna profanación en la tumba de Castañón, hace suponer que no era la indignación patriótica lo que los movía a reclamar el bárbaro castigo contra los desventurados jóvenes de la Escuela de Medicina.

La gran parada, preparada por el gobierno colonial, el grito de muerte a los estudiantes salido del quinto batallón, que mandaba Felipe Alonso, el mismo que acompañó a López Roberts la mañana del día 25 al cementerio y comprobó personalmente que no había habido ninguna profanación, prueba que todo ello obedecía a un siniestro plan de las autoridades españolas de la Isla, con el propósito de aplastar aquel foco de cubanía que representaban los estudiantes cubanos.

No debemos terminar sin dedicarle unas palabras al Diario de la Marina y su director. Este fue el que redactó el manifiesto de la prensa integrista llamándoles asquerosas hienas a aquellos jóvenes inocentes y enardeciendo a las turbas de voluntarios desde las páginas de su funesto periódico para que los asesinaran.

Aun habiendo transcurrido varios años de aquel acontecimiento, Nicolás Rivero, director también de ese periódico, publicó en 1886 un folleto con la versión malvada de que los estudiantes en sus testamentos sólo dejaban a sus padres una maldición por ser estos españoles.

Nuestra conclusión, respecto a este asesinato inolvidable, es que la actitud predispuesta de las autoridades españolas de la Isla contra los estudiantes y profesores cubanos, halló en los sucesos del 23 de noviembre en el cementerio de La Habana, el pretexto que les permitiera descargar toda su saña contra un sector de nuestra sociedad que ya tenían condenado de antemano, lo que se corrobora más aún con las disposiciones dadas en 1869 por los generales Dulce y Pueyo, ordenando que se ejecutasen incontinenti a los prisioneros, especialmente si eran maestros.

CITAS

[1] Decreto del 4 de mayo de 1871.

[2] Decreto del 15 de setiembre [Sic] de 1871.

[3] Emma Pérez: Historia de la Pedagogía en Cuba. La Habana, 1945. Capitulo XVI Ramón María de Araiztegui: Preámbulo del Decreto sobre reformas del Plan de estudios publicado en la Gaceta de la [Sic] Habana del 17 de noviembre de 1871. Aparece en el apéndice cuarto del libro de Raimundo Cabrera Cuba y sus jueces, ed. Habana 1889.

[4] Emilio Bacardí y Moreau: Crónicas de Santiago de Cuba. T.V., p. 2241-42.

[5] Antonio Pirala: Anales de la Guerra de Cuba. T. 2, p. 216-17.

[6] Emma Pérez: Op cit., p 273-74. Esta carta, fechada en la [Sic] Habana el 28 de noviembre de 1871, aparece completa en el libro del Dr. Luis Felipe Le Roy y Gálvez A CIEN AÑOS DEL 71- Fusilamiento de los estudiantes. La Habana, 1971 p. 385-98.

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